Breves reflexiones sobre el impacto que la independencia de Catalunya tendría sobre los despachos de abogados
Sin ánimo de comentar el asunto en lo político, lo cual me reservo para mi círculo íntimo, o para otra ocasión, en Cataluña es clara la voluntad – al menos aparente – de nuestro gobierno regional de conseguir la independencia de esta región en la que nuestro despacho Blas de Lezo tiene su sede central.
Como socio director y por tanto como empresario, me preocupa pues qué efecto va a tener dicha independencia y cuáles son los aspectos que nuestros gobernantes regionales, así como los numerosos colegios de abogados que apoyan la cosa, no resuelven.
Lo primero que me preocupa como empresario de la abogacía es que nuestro mercado se verá reducido drásticamente. Si Cataluña fuera independiente, dentro o fuera de Europa, sin duda estaríamos situados de la noche a la mañana en una nueva jurisdicción. Nuestro mercado pasaría de una población de casi cincuenta millones, a un mercado de casi siete millones de habitantes.
Blas de Lezo tiene tantos o más clientes fuera de Cataluña que en Cataluña. Creo que como todos los despachos de cierta entidad, los grandes y las pequeñas boutiques como nosotros. No creo que seamos un caso especial. Afortunadamente, y resultado de un gran esfuerzo de todo nuestro equipo, se nos contrata desde cualquier punto de España.
Sufrir esa tremenda pérdida de mercado implicará, sin duda, tener que despedir a gran parte de mi equipo.
Y es que los abogados no hacemos pan, ni coches, ni maquinaria que en un país nuevo o no podamos seguir exportando a España. Nosotros vendemos servicios jurídicos. Y eso, señores, tiene claras fronteras.
Creo que como empresario no me lo merezco. Y creo que nuestros abogados, que se parten el alma cada día, tampoco.
Insisto: no quiero hacer política. No lean entre líneas que estoy en contra de la independencia o que estoy a favor de una independencia ordenada. Simplemente lanzo la reflexión de que quizás nuestro actual gobierno regional así como los ilustres que pagamos de forma obligada, podrían indicarnos si mi preocupación es correcta o si por el contrario estoy equivocado y vamos a salvar todos esos puestos de trabajo.
También como socio director de un despacho de abogados intento proyectar qué les pasará al resto de despachos con sede en Barcelona. Y temo concluir que creo que un número considerable de ellos correría la misma suerte.
Y es que el tener una nueva Jurisdicción, la catalana, genera un sinfín de dudas que aun hoy ni ningún político regional ni ningún ilustre ha si quiera considerado.
Y es que, como haría todo empresario razonable, proyecto estas problemáticas para intentar sobreponerme a ellas. Y creo que existen algunas que son insalvables.
A modo de ejemplo. Una empresa de Vigo nos contrata para demandar a una empresa de Barcelona. Hemos ganado la primera instancia, y ahora estamos en Apelación. Y de pronto: somos un país independiente.
Me pregunto: ¿qué competencia tiene ese Juez para seguir Juzgando el asunto? En un país nuevo, ninguna. Ese Juez es Juez por la jurisdicción española.
Aquí es dónde imagino que el nuevo Gobierno de este país independiente “convalidaría” a los Jueces que quisieran, para de un modo lo más rápido posible seguir ejerciendo como jueces en Cataluña. De este modo, se podría contar con un gran número de jueces capaces de impartir justicia en esta nueva jurisdicción.
Pero esta solución no ataja el problema. Recuperando el anterior ejemplo, cualquiera de las dos partes, tanto la ahora foránea de Vigo, como la local de Barcelona, se podrían plantar y no reconocer esa nueva competencia de ese Juez. La parte ha acudido a ese Juzgado por mor de la Constitución Española y el desarrollo legislativo que pende de la misma. Por lo tanto, entiendo que a mi nadie puede obligarme a que un Juez que no sea el que me obliga mi ordenamiento jurídico, me Juzgue.
Por muchas vueltas que le doy, no veo cómo el nuevo Gobierno de un hipotético nuevo país podría solventar esta papeleta.
Lo mismo ocurre con los abogados. Mí título viene firmado por el Rey de España. Y supongo que me ofrecerían el convalidarme lo más rápido posible para ser abogado catalán y no español. Pero de nuevo surgen las mismas dudas ¿de pronto ese abogado de Málaga con tantos asuntos en Barcelona ya no puede ejercer aquí? Piensen como abogados y verán la de reclamaciones que pueden surgir a raíz de ello… incluso contra el Estado español. Y entonces, los abogados de Barcelona que no queramos perder la oportunidad de trabajar en España ¿qué hacemos?
Me gustaría mucho saber qué dicen nuestros 83 colegios de abogados al respecto.
Sigamos, ¿podría una empresa de Barcelona ejecutar una Sentencia, obtenida en esos procedimientos que estén vivos al momento de proclamarse la independencia, en cualquier ciudad de España? ¿No serían “contrarias al interés público”? El nuevo país Cataluña tendría una titánica labor en materia de tratados internacionales que sería de todo menos rápida y placentera.
Y, colocándome de nuevo la gorra de empresario, me pregunto ¿qué pasaría si a todos los clientes que tenemos les cuento que sus pleitos se han detenido y que nada de lo actuado tiene valor alguno o que sus sentencias no pueden ejecutarse? Si yo fuera ellos lo tendría claro: demandaría la devolución de los honorarios y demás gastos que haya tenido que pagar.
¿Algún despacho en Barcelona podría soportar esa realidad?
De hecho, aun cuando hoy no hay ni consulta fijada, ni referéndum, ni nada por el estilo, ya he recibido alguna llamada de clientes extranjeros pidiéndome que por escrito le indique que voy a poder llevar su asunto hasta el Tribunal Supremo (el que tiene sede en Madrid, claro), ya que ven con preocupación que cada día se da por hecha por nuestros gobernantes la independencia de Cataluña y de vez en cuando esos ecos llegan a sus respectivos noticiarios. ¿Daría usted señor socio director de su despacho esa garantía? Pues eso, un cliente menos para Blas de Lezo. Muchas gracias señores que nos gobiernan.
No pretendo plasmar un panorama apocalíptico ni sembrar miedo. Ya he dicho que no quiero hacer política en este comentario. Si usted quiere la independencia de Catalunya me parece bien, y si no la quiere, también.
Pero creo que, como socio director de un despacho de abogados, como ciudadano y como contribuidor obligado a esta cosa que son los ilustres colegios de abogados, sí puedo pedir que nuestros gobernantes nos aclaren cómo va a afectar a nuestros despachos, que tanta vida nos quitan y por los que nos desvivimos a diario, una hipotética independencia de Cataluña.
Parte de estas preguntas me surten en mis numerosos viajes a los países bálticos. Salvando mucho la distancia, ellos de la noche a la mañana también fueron nuevos países. Si conocen a algún abogado allí, pregúntenles cómo salvaron las cuestiones anteriores. Y donde yo digo España pongan Rusia, y donde digo Cataluña digan Estonia o Letonia. Y agárrense los machos.
Creo que nos merecemos saber a qué nos enfrentamos y que todos, socios, asociados, abogados y abogados en prácticas, sepamos a ciencia cierta qué pasará el día después de la independencia. Los colegios de abogados de Cataluña ya han dejado plasmado su apoyo total a lo que se ha llamado “derecho a decidir”. No estaría de más que, como ilustres i colegios que son, los colegios de abogados ayudasen a disipar dudas de cómo nos va a afectar esa hipotética independencia y qué plan tienen para sobreponerse a estas cuestiones.
Miquel Roca
Socio Director
Blas de Lezo Abogados.
